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Por Pedro Moctezuma

El modelo de gestión del agua en México a través de la Conagua ha fracasado. Su lógica extractivista, al servicio de la acumulación por despojo, ha creado la “hidrocracia del agua”: embotelladoras, cerveceras, mineras, agroexportadores, empresas de agua, corporativos energéticos y políticos-empresarios, todo esto a costa de los bienes comunes, la integridad de los ecosistemas y nuestro propio tejido social.

Bajo esta forma de gobierno hemos padecido graves problemas que a continuación se explican, entre ellos: inequidad en la distribución del agua; sobreconcesionamiento a manos de grandes empresas; explosión de megaproyectos extractivistas y megaobras hídricas, como megapresas hidroelectricas, trasvases, acueductos, pozos profundos y ultraprofundos, así como la contaminación agravada por la minería tóxica y el fracking; privatización del agua… Todo ello impuesto mediante la corrupción, la impunidad y la persecución y criminalización de los defensores del agua.

1. Distribución inequitativa. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 44 millones de mexicanos no tienen acceso diario al agua y 8.5 millones no tienen conexión alguna, pues los servicios de agua potable han priorizado el abasto a zonas industriales y áreas de extracción, dejando a las comunidades sin el acceso o con “tandeos” (dotación durante algunas horas a la semana). En el centro -norte del país, donde hay más empresas extranjeras, escasea el agua domiciliaria, mientras que en el sur hay mayor disponibilidad de agua, pero menor capacidad de distribución, lo que agudiza la desigualdad.

2. Megaproyectos. En la fase actual del capitalismo extractivo (dominado por la especulación, el ansia de crecimiento exponencial y la acelerada rotación del ciclo de los capitales) se han privilegiado las megaobras que avasallan el territorio con presas hidroeléctricas, trasvases y acueductos, pozos profundos y ultraprofundos, minería tóxica y fracking, actividades que generan despojo social, destrucción natural y contaminación, como se ve en estos casos:

Las presas hidroeléctricas han implicado la privatización de la generación eléctrica. Se basan en el despojo de las tierras y aguas de los pueblos y en el asedio a quienes se defienden. Estas obras afectan los cauces de los ríos y los ecosistemas. Entre los ejemplos están la presa Arcediano, ya cancelada; la presa de La Parota, en Guerrero, contra la que ha luchado el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota (CECOP) desde 1994; la Presa Zapotillo y la Presa la Yesca, en Jalisco, contra las que ha habido una continua movilización; en Zacatecas está el caso Milpillas; en Nayarit se conformó un amplio frente combate contra el proyecto de la presa Las Cruces, actualmente suspendido. El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas enlistó 122 propuestas de presas solo en Veracruz (donde se ve la mano de Odebrecht).

Los trasvases o acueductos atraviesan los territorios. Hay dos megaproyectos de este tipo que han generado importantes luchas de rechazo: el Acueducto Independencia, que despoja de las aguas del Río Sonora a la Tribu Yaqui en Sonora y el Proyecto Monterrey VI, que planea recorrer 372 km para trasvasar agua de la Cuenca del Pánuco a Veracruz, para el uso del fracking y que fue suspendido después de una amplia campaña. Las obras al servicio de grandes intereses tienen una visión “tubera” para solucionar, no la demanda de las poblaciones, sino las necesidades de los sectores productivos y energéticos y donde las comunidades no han sido consultadas.

Pozos profundos y ultraprofundos. La sobreexplotación de aguas subterráneas por medio de pozos que extraen el líquido a 400 metros de profundidad ha desecado manantiales, ríos, lagos y humedales. Actualmente se están horadando pozos ultraprofundos en el oriente de la ciudad de México, los cuales penetran 2 mil metros logrando escasos volúmenes de agua y provocando subsidencia del suelo y agrietamientos. Debido a que se ubican en zona sísmica, los efectos sobre la vivienda y la infraestructura son aún más graves. Esta práctica ha generado hundimientos y grietas que ponen en riego las viviendas y vidas de los habitantes. A raíz de la sobreextracción en Iztapalapa, 19 mil viviendas están actualmente afectadas. En esa misma zona, a la irresponsabilidad técnica se suma el insulto cultural: el quinto proyecto de pozo ultraprofundo, anunciado recientemente por Peña Nieto, amenaza al Cerro de la Estrella, cuna y sitio sagrado de la Ciudad de México.

La contaminación. El agua fósil extraída de profundidades cada vez mayores es difícil de potabilizar debido a la presencia de metales pesados (plomo, mercurio, flúor y arsénico). Asimismo, la sobreexplotación de acuíferos en las costas causa la intrusión de agua salina. La contaminación del agua provocada por las filtraciones causadas por la fractura de la tubería, los largos trasvases, los lixiviados provenientes de los rellenos sanitarios y la abundancia de fauna callejera genera presencia de virus, bacterias y parásitos. Las altas concentraciones de elementos químicos nocivos para la salud son bioacumulativas y se quedan en el cuerpo.

3. La minería tóxica y el fracking. Cientos de concesiones mineras -que amenazan casi la mitad del territorio nacional- implementan proyectos que envenenan la tierra, los ríos, acuíferos y afectan a las comunidades. En Sinaloa, la organización Voces del Agua lucha contra la presencia de metales pesados provenientes de los trabajos de minería en el fondo de los ríos. A esto se añaden los proyectos de la fractura hidráulica o “fracking” en Veracruz, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Puebla y la Huasteca Potosina que provocarán costos socioambientales irreparables. Los sobrevivientes padecen de insuficiencia renal, abortos, malformaciones genéticas, dermatitis y conjuntivitis, pues el agua presenta muy altas concentraciones de mercurio y arsénico. Por ello los llamamos “Proyectos de Muerte”.

4. La privatización de los servicios del agua. En sentido contrario al resto del mundo, donde 235 ciudades han remunicipalizado el agua, la tendencia hacia la privatización avanza en México. Una de las primeras ciudades en privatizar el agua fue Saltillo en Coahuila, en 2001, a favor de la empresa Aguas de Saltillo controlada por Suez. En Puebla, se privatizó el servicio a favor de las empresas Agua de México, Ecpor, Ticsa y el fideicomiso bancario de Grupo Hermes, con lo que las tarifas incrementaron un 300 por ciento, afectando a los sectores más pobres. Aguascalientes, Cancún y el Puerto de Veracruz se suman a la lista de lugares cuya gestión del agua ha sido privatizada. En la Ciudad de México se ha mantenido a raya el ánimo privatizador de las autoridades.

5. El terror organizado ha abierto paso a la imposición de proyectos extractivistas y dinámicas de despojo, donde narcotraficantes controlan los territorios en donde luego aparecen los grandes corporativos en un clima político militar que ha causado 235 mil muertes violentas durante los sexenios de Calderón (2006-2012) y Peña Nieto (2102-2018). Luchar por el agua puede costar la vida o la libertad. Entre los defensores del agua que han sido criminalizados se encuentran los seis presos de Tlanixco, Estado de México, y los 25 presos de La Parota. Ahora que AMLO prometió libertad a los presos políticos al asumir el poder, demandamos la liberación inmediata de los defensores del agua.

Por todas estas razones, es obligado transformar el modelo de gestión del agua en el país y el mejor camino para hacerlo es que el nuevo Congreso salde la deuda que las pasadas legislaturas dejaron, con la aprobación de la Ley General de Aguas que mandata nuestra Constitución.

Fuente: https://www.sinembargo.mx/28-11-2018/3500666

 

 

 

 

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