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«Ya contamos con la voluntad política necesaria para lograr una nueva Ley General de Aguas que cambiaría la naturaleza y las afinidades de la Conagua», escriben Pedro Moctezuma Barragán y Elena Burns.

Pedro Moctezuma Barragán y Elena Burns*

Una enorme pregunta nos enfrenta este mes de la Patria: ¿Cómo recuperar la soberanía sobre nuestras aguas después de 28 años de haberlas puesto en manos del libre mercado?

Esta pregunta es fundamental, dadas las crecientes demandas por agua de los “extraños enemigos”—los concesionarios mineros, de generación eléctrica y de fracking– que han llegado a profanar nuestros suelos durante los pasados dos sexenios. Enfrentamos además la invasión de Baja California por las agroindustrias refugiadas de la crisis del agua en California, así como las exigencias de las empresas transnacionales que lucran del antojo mundial por la cerveza mexicana y gozan de nuestra desconfianza del agua que sale de nuestros grifos.

Desde 1992, bajo la Ley de Aguas Nacionales promovida por Carlos Salinas de Gortari de cara al TLCAN, nuestras aguas han sido regidas por un sistema de concesiones libremente adquiribles y vendibles. Aunque los Estados Unidos hasta la fecha maneja sus aguas a través de instancias de control local, sus inversionistas no quisieron tener que lidiar con autoridades ejidales, comunales o de otro índole para obtener los volúmenes deseados. A su petición, la ley estableció a la Conagua como autoridad única, aislada, discrecional y finalmente, corruptible.

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