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AGUA Y ENERGIA, DOS PROYECTOS, DOS MODELOS CIVILIZATORIOS Por: Víctor M. Quintana S. –

Muy diferente es el contexto en que celebramos nuestro primer congreso, hace casi dos años, al de ahora. Entonces ya veíamos con claridad las mil cabezas de la medusa extractivista: megaproyectos mineros, presas, sobreexplotación de acuíferos, apropiación privada de caudales de agua, etc. También las luchas de algunas comunidades por la defensa del agua y de los recursos naturales. De hecho, tuvimos que hacer un doloroso homenaje a los primeros caídos en estas guerras no declaradas del agua en México: Ismael Solorio y Manuelita Solís, defensores del agua del río del Carmen y del territorio de su ejido Benito Juárez, en Buenaventura, Chihuahua.

Lo que entonces eran atisbos, primeras tendencias de ataques en contra nuestra ahora son parte de una bien tramada estrategia desde lo más alto de los poderes económicos y políticos de este planeta por estructurar en torno al lucro, a la ganancia de unos cuantos, un nuevo ciclo de energías-agua, recursos naturales-finanzas y armas.

Lo que antes se daba de manera informal aunque generalizada, es decir, la invasión de territorios, el despojo de recursos naturales, del agua, ahora se ha legalizado y se ha convertido en la estrategia oficial del gobierno y las trasnacionales, mediante las llamadas reformas estructurales, impuestas por el gobierno de EPN, sus aliados y sus mandamases allende nuestras fronteras. Con estas reformas le cambiaron las prioridades a este país; convulsionan el papel del campo y nuestro proyecto de Nación. Desde ahora el objetivo básico de México será el de producir energía para las máquinas a precios de lucro para beneficiar a unos cuantos y no el de construir condiciones de vida digna para todos sus habitantes; de hacer efectivo todos sus derechos.

Estas reformas obedecen a lo que el periodista argentino-canadiense Alberto Rabilotta llama “La fase demencial del totalitarismo neoliberal”; toda esa serie de acciones que llevan a cabo los grandes poderes económicos trasnacionales, el gobierno de los Estados Unidos y la OTAN para mantener un mundo unipolar y la hegemonía neoliberal y minimizar el surgimiento de otros polos económicos, energéticos y alimentarios  como pudiera ser el grupo liderado por el BRICS, o el CELA. Tal sistema es totalitario, porque no admite alternativas socioeconómicas, sean nacionales o regionales y estén o no basadas en el capitalismo, que impliquen la intervención activa de los Estados, grados de planificación socioeconómica y que los pueblos y las comunidades a través de los organismos políticos y sociales, actuando en democracia, tomen decisiones soberanas para defender legítimos intereses populares y nacionales.

Ahora, con la crisis de la hegemonía estadounidense, y la transición del dominio financiero y energético, a la vez que el dominio alimentario extienden el control territorial sobre países como el nuestro. Lo ejercerán, gracias a las reformas recién promulgadas a través de las empresas mineras, gaseras, petroleras, generadoras de electricidad a través de “ocupaciones temporales” o “servidumbres energéticas”. Además de dominar el territorio con estos medios, harán que las trasnacionales de la energía puedan disponer de mayores reservas de gas, petróleo, electricidad para competir contra potencias energéticas no dóciles como Rusia, Irán y Venezuela y con base en dichas reservas controlar a su vez más territorios.

Así, el ciclo del agua y de  los alimentos se imbrica con el ciclo de las energías, éstos con el de las monedas y con el del poder globalizado.

Lo que se acaba de legalizar con la reforma energética es el extractivismo extracción de petróleo, gas natural,  aguas termales, de agua, simplemente,  minerales, por sobre todo uso agrícola, ganadero o forestal del suelo o la provisión de servicios ambientales.  El despojo de los territorios a las comunidades, ejidos o propietarios,; la  autorización del método de fragmentación hidráulica para la extracción de gas de lutita, con los consiguientes daños ambientales y agotamiento de acuífero.

Ahí no termina la furia extractivista-entreguista del presidente Peña Nieto, sus mandamases y sus aliados. Próximamente el Ejecutivo presentará un “paquete verde”,  con otra serie de reformas para dar la última vuelta de tuerca a la reforma energética: a la Ley General de Aguas que permitan una total desregulación para darle prioridad a los usos energéticos del agua: megapresas, geotermia, enfriamiento de centrales nucleares, fracking, etc. Reformas a otras leyes como la del Equilibrio Ambiental, la de Vida Silvestre, la de Desarrollo Forestal, a de Bioseguridad, para autorizar, entre otras cosas, la construcción de gasoductos en áreas naturales protegidas, quitar funciones a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, facilitar la explotación de energéticos en selvas, humedales y suelos forestales y autorizar la siembra de semillas transgénicas para la producción de bioenergéticos.

Ante esta ofensiva extractivista contra comunidades y naturaleza vemos brotar decenas de movimientos de defensa todavía dispersos y no muy conexos entre sí: la lucha de la tribu Yaqui por defender su agua; la de las comunidades guerrerenses contra la presa La Parota o las jaliscienses contra la presa El Zapotillo; de las comunidades totonaca y náhuatl de las Huastecas contra la amenaza del fracking; las comunidades del Istmo contra los megaproyectos de energía éolica…de norte a sur, del Golfo al Pacifico, crecen las revueltas.

Pero así como el extractivismo es ahora una estrategia formalizada, legalizada, también lo es la respuesta represiva por parte de los diversos niveles de gobierno: ahora podemos ver con toda claridad  que la criminalización de la protesta social es el eje de la reacción en contra de la protesta comunitaria. A los asesinatos como el de Ismael y Manuelita hemos de agregar ahora la detención y encarcelamiento injusto de los dirigentes de la tribu yaqui Mario Luna y Fernando Jiménez; el de Marco Antonio Suástegui, uno de los dirigentes del Consejo de Ejidos y Comunidades opuestos a la presa La Parota, detenido en junio pasado; el de Bettina Cruz, integrante de la Asamablea de los Pueblos Indígenas del istmo de Tehuantepec, en Defensa de la Tierra y del Territorio, procesada en Oaxaca por oponerse a los proyectos eólicos que los invaden.

Detrás de esta nueva fase neoliberal, la de la acumulación por desposesión enfrentamos un modo civilizatorio: el del extractivismo patriarcal que busca la maximizacion del lucro, violentador de la naturaleza, de las personas y de las comunidades. Podríamos epitomizarlo en la frase: “La tierra es de quien la perfora”. Es un modelo que va de la civilización a la barbarie: que por la devastación de la naturaleza y la destrucción de las comunidades está conduciendo al cambio climático, al calentamiento global y al calentamiento social, la desaforada competencia por tener más, cueste lo que cueste, la explosión de todas las violencias.

Nuestra Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas se inscribe en otro modelo civilizatorio. A la civilización patriarcalista, violentadora, oponemos la maternización de la sociedad. La madre es la que cuida amorosamente no sólo la familia, sino también el hogar, sin pedir nada a cambio. Por eso, nuestro modelo es el de la civilización  el de la civilización del cuidado, de la gratuidad, el de los derechos  para todas y todos.  Como dice Leonardo Boff: Por eso, los dos valores y derechos básicos que deben entrar cada vez más en la conciencia colectiva son: cómo preservar nuestro espléndido planeta …y cómo garantizar las condiciones ecológicas para que el experimento homo sapiens/demens pueda continuar, desarrollarse y coevolucionar. En torno a ese núcleo se estructurarán todos los otros derechos, que serán no solo humanos, sino también socio-cósmicos”

Hacer valer los derechos socio-cósmicos implica invertir las prioridades, construir un modo civilizatorio destinado al buen vivir de todos y no al lucro de unos cuantos, cuidando unos de otros, de la comunidad de seres vivos. Esto requiere frugalidad, mesura, compartir, no acaparar, respetar, no devastar, dar prioridad a los valores de uso sobre los precios, los valores de cambio.

Un excelente símbolo de este modelo civilizatorio es la frase popular: “un vaso de agua a nadie se le niega”: vemos el agua como el órgano del mundo que se comparte, como el más sencillo acto de gratuidad, como el hacerse cargo de que el otro vea cumplido uno de sus derechos más básicos.

Nuestra iniciativa de ley viene a ser una parte de ese nuevo modelo civilizatorio, un paso hacia él. Es “utopía minimalista”, una utopía que se puede llevar a cabo, no en el fin de la  historia, sino en plazos de tiempo no muy largos y en condiciones no tan difíciles de factibilidad.

Pero las utopías, así sean mínimas, no son sólo para soñar, sino también para ponernos a caminar, como diría Galeano. Y para caminar en rumbo a ella, hemos de afrontar  exitosamente una serie de retos,  cuya operativización es el objeto de nuestro congreso:

  • Detener la  punta de lanza del extractivismo en México, que es la Reforma Energética, sumándonos a la promoción de la consulta en la materia propuesta por el PRD y MORENA, invitándolos a que se haga una sola consulta.
  • Detener la propuesta de Ley Nacional de Aguas (Ley Korenfeld), estructurando y llevando a cabo una doble estrategia de cabildeos, presión sobre legisladores y de difusión y concientización al público de las amenazas que entraña, a partir de un sólido análisis de la misma.
  • Desarrollar toda una narrativa de nuestra propuesta de Ley: ligarla a las problemáticas locales, hacer ver cómo va a afectar a las familias y a las comunidades muy concretas, traducir los conceptos en temas que movilicen, que prendan a la gente. Comunicar, hacer presencia en medios, en redes sociales.
  • Trabajar en las mediaciones o “transitorios” de nuestra iniciativa. Así sea una “utopía minimalista”, nuestra Ley implica toda una serie de adaptaciones, negociaciones, explicaciones con muy diversos sectores y tipos de usuarios del agua. Es necesario elaborar una estrategia puntual para escuchar las demandas de dichos sectores, para irlas integrando en nuestra propuesta, para ir calculando y aterrizando las implicaciones que tiene y adelantarnos a los posibles conflictos que surjan. Hay temas que no son fáciles de resolver: ¿quiénes se van a considerar los verdaderos “representantes ciudadanos” en los consejos de Cuenca? ¿cómo van a organizarse éstos para ser realmente operativos y no organismos paquidérmicos con dificultad para tomar decisiones y llevarlas a la práctica? ¿cómo calcular los volúmenes de agua a los que hace alusión el derecho, tomando en cuenta que no todo lo que se consume se hace de fuentes locales? Por ejemplo, ¿cómo contabilizar el volumen utilizado para la soberanía alimentaria en los estados que son deficitarios en la producción de maíz y de frijol? ¿Cómo realizar planeaciones multianuales que dén certidumbre, sobre todo a los usuarios de riego para realizar inversiones en uso eficiente del agua y de la energía? Es necesario que a los valores orientadores de nuestra iniciativa les pongamos técnica, números, ingeniería.
  • Construir poder político horizontal en nuestro movimiento: en primer lugar, seguir construyendo y fortaleciendo nuestra red de organizaciones comunitarias, sociales, académicos, periodistas. En segundo, articular nuestras luchas y demandas locales con el activismo más general: Alianza Mexicana vs. Fracking, Red de Afectados Ambientales, CNI-EZLN, REMA, etc. Red “Sin  maíz no hay país”,  agrupamiento del Encuentro en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Convocatoria a una Constituyente Ciudadana, etc. y llegar a acuerdos de demandas comunes muy precisas y acciones muy concretas. Además de esta base diversa, sólida, convencida y movilizada tenemos que ir ganando el apoyo de sectores ciudadanos aun no convencidos.
  • A partir de este poder plural, horizontal, enfrentar la ofensiva de los actores concretos que imponen acciones y proyectos que agudizan la crisis del agua y aceleran el cambio climático. Diversificar nuestras acciones de resistencia: combinar las movilizaciones con la presencia mediática y la defensa jurídica y en todo momento los llamados a la ciudadanía. Convertirnos en los ojos y la voz de la comunidad de los seres vivos de nuestro país para ubicar las agresiones en contra de ella y denunciarlas por todos los medios.
  • Comunicar, hacer conciencia de la violencia que implica este modelo civilizatorio y difundir los valores, las transformaciones cotidianas que implica el modelo del cuidado, de la sustentabilidad, de la convivialidad, de los derechos. Es necesario desde ahora sembrar la conciencia de que ni el agua, ni los recursos naturales, ni dos planetas completos nos alcanzarían para el ritmo desaforado de consumo, de concentración. Aquí también es necesario debatir, discutir propuestas como la de la “deconexión”, del “no crecimiento económico” y ver sus implicaciones sobre todo en países como el nuestro. Tenemos que convencernos que las soluciones reales pasan por rediseñar la economía.
  • Difundir experiencias del “buen vivir”: uso sustentable del agua, siembra y cosecha de la misma; sistemas de riego eficientes para cultivos prioritarios, sistemas de ayuda mutua, de vinculaciones productores-consumidores locales, de “slow food” a la mexicana, retomar las formas tradicionales de gestión comunitaria del agua, de hacer válidos los derechos de todos a ella, en las comunidades indígenas, en los pueblos.

Tenemos un modelo civilizatorio alternativo de referencia, tenemos una utopía minimalista en nuestra iniciativa de ley, ahora pongamos la fuerza de nuestros sueños, el espesor ético y estético de nuestras comunidades indígenas y campesinas, el talento de nuestros académicos a trabajar. Nuestro planeta lo merece.

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