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«Como medida de emergencia, necesitamos que el Presidente reinstale todas las vedas, tal como lo anunció en su cierre de campaña», afirma Elena Burns.

Por Elena Burns*

Hace un año por estos días, el expresidente Enrique Peña Nieto firmó 10 decretos levantando las vedas en 300 cuencas en el país, eliminando así la protección de las aguas nacionales y poniéndolas a disposición para el concesionamiento y libre comercio. El mensaje “¡Nuestra agua NO!” formó parte de la gran ola electoral que hoy está permitiendo dejar atrás tres décadas de “gobierno por el mercado”.

Ahora, con Víctor Toledo como cabeza del sector ambiental e hídrico y una nueva Ley General de Aguas en puerta, la construcción del buen gobierno del agua se vuelve no solo necesario sino posible, empezando con la reinstauración de las vedas.

El levantamiento de las vedas buscaba cumplir el principal objetivo de la Ley de Aguas Nacionales (LAN): poner el agua bajo un régimen de concesiones y de “mercados de agua”, con la Conagua como autoridad única.

La Conagua ha cumplido cabalmente con su tarea, otorgando 537,357 concesiones, 13,578 de las cuales (para 2.3 millones de millones de litros) han sido otorgadas desde la firma de los decretos. En este proceso, la Conagua ha violado vedas, disponibilidades y los derechos de pueblos indígenas, núcleos agrarios y sistemas de agua de las comunidades. Bajo el principio “el agua es de quien la solicita primero” el 70% de las aguas concesionadas se han quedado en manos del 7% de los concesionarios.

Como ejemplo de la discrecionalidad con la cual ha operado la Conagua, este organismo violó la veda en Valles Centrales de Oaxaca para otorgar a la empresa financiera J.P. Morgan una concesión a aguas subterráneas para “uso agrícola,” mientras que obligó a los pueblos indígenas del municipio a emprender una larguísima lucha para levantar las vedas (abriendo el territorio a intereses mineros) como precondición para reconocer su derecho a las aguas en sus territorios.

Otro ejemplo, es que en medio de las crisis del agua en la Ciudad de México, la cervecera Constellation Brands/Modelo tiene concesiones para 50 mil millones de litros anuales de aguas subterráneas en las alcaldías Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc. En la zona de extremo estrés hídrico en el Valle de Mexicali, la planta geotérmica de Cerro Prieto utiliza 50 mil millones de litros anuales de aguas subterráneas para generar energía eléctrica, parte de la cual se exporta a precios subsidiados a los Estados Unidos.

El remate de las aguas nacionales por parte de la Conagua incluye el otorgamiento de concesiones a zonas federales, siendo cauces y márgenes de cuerpos de agua de propiedad federal, adquiribles a 30 años, por el módico costo de $1728 pesos. Los concesionarios de estas zonas cruciales para nuestra seguridad frente a eventos extremos incluyen inmobiliarias (en Huixquilucan, Santa Fe, Valle de Bravo), bancos (NY Mellon, CIBANCO). Figuras oscuras que están adquiriendo vastas zonas en la frontera norte y más recientemente, empresas de gasoductos como Transcanadá, quienes están obteniendo concesiones para “arroyos secos sin nombre” que atraviesan Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla y Veracruz.

En la carrera por concesionar todo antes de que entre en vigor una Ley General de Aguas con otra lógica, una supercomputadora de la empresa Indra, responsable “Conagua en Línea”, agilizará el concesionamiento de aguas nacionales y zonas federales a partir de julio. No importa el hecho de que, según la Auditoría Superior de la Federación, la Conagua solo cobra derechos al 5% de los concesionarios obligados, y casi no realiza inspecciones ni aplica sanciones.

Estamos en un momento similar al del porfiriato, dado que cada titular de una concesión cuenta con el derecho al debido proceso frente a cualquier intento de ajustarla. Una opción del gobierno podría ser la extinción de las concesiones en cuya obtención hubo información falsa, vicio, error o dolo, pero, desafortunadamente, el incendio que se originó en el piso 9 de las oficinas centrales de la Conagua el pasado 23 marzo se inició precisamente en la zona donde se almacenaba esta información.

¿Qué podemos hacer?

En primer lugar, como medida de emergencia, necesitamos que el Presidente reinstale todas las vedas, tal como lo anunció en su cierre de campaña. Los amparos en contra de los decretos de EPN están mostrando en tribunales que el levantamiento de vedas no fue justificado, dado que no se ha cumplido con los condicionantes que dieron lugar a su instalación.

Solo faltaría un decreto presidencial reglamentando las vedas, que hasta recientemente cubrieron 80% del territorio del país, para que no puedan ser utilizadas en contra de los derechos al agua de los pueblos, comunidades rurales y núcleos agrarios. Y por supuesto, se requiere reorientar cualquier programa tipo “Conagua en Línea” para que no expande el sistema de concesiones, sino permita mayor control ciudadano y gubernamental sobre las concesiones ya otorgadas.

En segundo lugar, necesitamos ejercer nuestra sólida voluntad política desde el Ejecutivo, el Legislativo, los pueblos y la ciudadanía, para reemplazar la Ley de Aguas Nacionales con la Ley General de Aguas. La minoría de “intereses” que se han beneficiado de la LAN (agrupada en el Consejo Consultivo del Agua, las cámaras mineras y anexos) la va a defender hasta sus últimas consecuencias.

Aunque lo quieren negar, la reforma al 4º Artículo Constitucional de 2012 exige una Ley General de Aguas (LGA) en donde la ciudadanía participará junto con los tres niveles de gobierno para lograr “el acceso y uso equitativo y sustentable” del agua. Esto requerirá rediseñar el sistema a través del cual se determina quiénes tendrán acceso a cuánta agua, bajo qué condiciones y para cuáles fines. Bajo la LGA, las concesiones no podrán ser compradas ni vendidas; serían a corto plazo, renovables solo en la medida que haya disponibilidad y que el titular cumpla con fuertes condicionantes, cuyo vigilancia y monitoreo sería financiado por el cobro de derechos.

En tercer lugar, necesitamos reconectarnos con el agua en nuestros territorios. ¿De dónde viene nuestra agua? ¿Cómo podríamos ejercer nuestros derechos al agua, a la información sobre ella y a la participación?

Finalmente, necesitamos saber quiénes son los “elefantes en nuestras cocinas.” Ofrecemos estos vínculos para saber quiénes son los grandes concesionarios al agua y a zonas federales en nuestros estados o municipios. Juntos, pueblos, ciudadanía y gobierno, vamos a lograr un proceso de transición planificada, de un “mercado del agua,” a la gestión sustentabilidad con acceso equitativo y respeto por los derechos de los pueblos originarios.

Más información en www.aguaparatodos.org.mx.

*Elena Burns es integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida y del Observatorio académico de sociedad, medio ambiente e instituciones de la UNAM.

 

 

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