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por Redacción AN julio 17, 2018 4:52 pm

Además, el organismo observó que en las adquisiciones de gobierno existe un círculo vicioso entre falta de competencia y corrupción.

En 2017, se adjudicaron más de 228 mil contratos públicos, con un valor superior a los 585 mil millones de pesos, de los cuales 78 por cierto se otorgaron mediante adjudicación directa, dio a conocer la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Del resto, 10 por ciento fueron asignados por medio de una invitación a cuando menos tres personas y solo 12 por ciento a través de una licitación pública, anotó en su documento Agenda de competencia para un ejercicio íntegro en las contrataciones públicas.

Según el organismo, de los 35 mil 739 contratos superiores a un millón de pesos (equivalentes en total a 553 mil millones de pesos), 11 mil 882 contratos (33 por ciento) se adjudicaron de forma directa, y 10 mil 292 contratos (29 por ciento) fueron adjudicados por invitación a cuando menos tres personas.

“Esto implica que, de todos los 553 mil millones de pesos contratos superiores a un millón de pesos, 232 mil millones de pesos se adjudicaron por medio de mecanismos de contratación distintos a la licitación pública”, precisó.

En opinión de la Cofece, aunque la adjudicación directa reduce los costos administrativos, “su utilización no asegura que el Estado esté comprando en las mejores condiciones posibles de precio, calidad y oportunidad”.

Por otro lado, expuso, los problemas de competencia que se presentan en la contratación pública “pueden resultar de, y a su vez alimentar, actos de corrupción entre particulares y servidores públicos”.

Explicó que cuando un servidor público favorece a ciertos participantes, o les otorga ventajas indebidas por medio del uso de información privilegiada a cambio de sobornos, genera ganancias extra-normales para el agente económico al que se le adjudica el contrato a precios artificialmente altos.

“Esto a su vez facilita el pago de más sobornos a cambio de seguir siendo favorecido en los procesos de adjudicación, generando un ciclo vicioso entre corrupción y falta de competencia, en el que el funcionario público puede dirigir las contrataciones para dar el triunfo a ciertos agentes y/o facilitar acuerdos colusorios violatorios de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE). Así, la corrupción puede a su vez limitar la concurrencia y exacerbar la falta de competencia”, señaló.

 

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