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Derechos al agua y la tierra: una lucha común

De Dakar a Túnez: Declaración de la Convergencia Global de las luchas por la tierra y el agua

Nosotros, movimientos sociales, organizaciones de base y organizaciones de la sociedad civil, comprometidos con la defensa de los derechos al agua y la tierra, nos reunimos en octubre de 2014 en Dakar en el marco del Foro Social Africano para luchar y protestar contra los acaparamientos de todos los recursos naturales, el agua y la tierra, nuestros bienes comunes, y contra las violaciones sistemáticas de derechos humanos que los acompañan. El intercambio de ideas nos ha llevado a reconocer la interconexión esencial entre nuestras luchas, teniendo en cuenta la naturaleza inextricable de los acaparamientos de tierras, aguas y otros recursos naturales. Nos volvimos a reunir de nuevo en el Foro Social Mundial en Túnez en marzo de 2015 para proseguir este diálogo con movimientos y organizaciones de todo el mundo con el fin de fortalecer esta convergencia. Hasta la fecha, más de 200 millones de hectáreas de tierras han sido acaparadas en todo el mundo por empresas privadas, gobiernos, élites y especuladores, a menudo con el apoyo del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el G8 y otras instituciones y consorcios. Esta apropiación de nuestros bienes comunes por parte de una minoría genera concentración, desalojos forzosos y la opresión de poblaciones. Todo esto se hace en nombre de la protección ambiental, la prevención del cambio climático, la producción de energía “limpia” y los proyectos de grandes infraestructuras y/o el llamado “desarrollo”, muchas veces promovidos por asociaciones entre los sectores público y privado, como la Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en África. De este modo se despojan territorios enteros y se desalojan de ellos a las comunidades locales, mientras que la pérdida de identidad y la destrucción de ecosistemas hacen que la vida sea imposible. Las comunidades cuyos derechos y dignidad se han visto vulnerados se encuentran con familias desestructuradas o transformadas en comunidades de refugiados, forzadas a migrar, sin derechos, empobrecidas y hambrientas. Se calcula que cada día mueren 3.000 personas debido a la falta de agua. El acceso y la gestión de los espacios de vida comunitaria son destruidos por grupos militares y armados que perpetúan la guerra y la ocupación, fuerzas del orden de Estados criminales, apoyados por élites económicas, financieras y políticas. Esto socava los sistemas alimentarios locales y perjudica a un gran número de productores y productoras locales que alimentan a la gran mayoría de la población mundial. Cuando las personas oponen resistencia, son criminalizadas, encarceladas y asesinadas. Así, los enormes beneficios de las élites se construyen sobre la violación sistemática de los derechos humanos de la mayoría de campesinas y campesinos, habitantes de asentamientos informales y barrios marginales, pueblos pescadores, comunidades de pastores y nómadas, pueblos y comunidades indígenas, trabajadoras y trabajadores rurales y urbanos, y consumidoras y consumidores, especialmente jóvenes y mujeres, que se ven despojados de sus tierras y medios de vida por medio de la violencia, la intimidación y las torturas. El acaparamiento de tierras siempre va acompañado del acaparamiento de aguas y adopta diversas formas: cultivos con un consumo insostenible de agua, la privatización de los servicios de distribución y gestión del agua (usurpando este recurso vital a aquellas personas que no lo pueden pagar), la contaminación de acuíferos causada por explotaciones mineras incontroladas, la modificación de los cursos fluviales y las vías de agua por la construcción de represas y la consiguiente expulsión de comunidades, la militarización de los puntos de acceso al agua y los territorios, y la usurpación de los medios de vida de comunidades pastoras y pescadoras mediante prácticas como la extracción de arena de sus costas. La criminalización de las y los activistas que luchan por la protección de los bienes comunes es hoy en día un fenómeno generalizado, aunque oculto por las autoridades. La tierra y el agua son recursos cada vez más escasos, y por lo tanto son fundamentales para la seguridad de las sociedades y la soberanía de los Estados, tanto hoy como en el futuro. Sin embargo, la escasez que constituye la base de las crisis de agua, tierra y alimentos no es un hecho natural, sino una construcción articulada por cuestiones políticas, geoestratégicas y financieras. En respuesta a estas amenazas a nuestras vidas y nuestro bienestar, resistimos y luchamos. Hacemos valer nuestros derechos y presentamos soluciones reales. Creemos que el acceso de los pueblos al agua y la tierra, y su control sobre estas, es esencial para la paz, para detener el cambio climático y para garantizar los derechos humanos fundamentales y una vida digna para todas y todos. La distribución justa y equitativa de la tierra y del agua, así como la igualdad de género, son fundamentales para nuestra visión de la soberanía alimentaria, basada en la agroecología (tal como se esboza en la Declaración del Foro Internacional sobre Agroecología de Nyéléni de febrero de 2015), los sistemas alimentarios locales, la biodiversidad, el control de nuestras semillas y el respeto de los ciclos naturales del agua. Esta visión es aplicable a las poblaciones rurales, urbanas y periurbanas, y entraña unas relaciones respetuosas entre productoras y productores y consumidoras y consumidores, basadas en la solidaridad y la cooperación. Nuestra solidaridad, arraigada en nuestro compromiso como activistas, se fundamenta en los principios y las convicciones que siguen, que aúnan nuestras luchas: 1. Los derechos humanos al agua, la alimentación y la tierra son fundamentales y esenciales para la vida. Todas y todos, mujeres y hombres, adultos y niños, ricos y pobres, habitantes rurales y urbanos, deben poder disfrutar de ellos. 2. El agua y la tierra no son solo recursos naturales vitales, sino que también forman parte de nuestro patrimonio común, cuya seguridad y gobernanza deben ser preservadas por cada comunidad para el bien común de nuestras sociedades y del ambiente, ahora y para las generaciones futuras. 3. El agua, la tierra y las semillas son bienes comunes, y no mercancías. 4. El mandato jurídico y constitucional que reconocemos al Estado es el de representar el interés de los pueblos. Por lo tanto, el Estado tiene el deber de oponerse a toda política o tratado internacional que menoscabe los derechos humanos y su propia soberanía, como los mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados que se incluyen en la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión y en la mayoría de los tratados de inversión. 5. Las políticas de gestión de la tierra y del agua deben fomentar la consecución de la justicia social, la igualdad de género, la salud pública y la justicia ambiental. 6. El firme rechazo de toda forma de ocupación y dominación extranjeras. Es por ello que juntas, en tanto que organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, nos comprometemos a: * sensibilizar, formar y organizar a las comunidades en entornos rurales y urbanos para construir un movimiento fuerte y unido con el fin de luchar por el reconocimiento y el respeto de nuestros derechos humanos a la alimentación, el agua, la tierra y los territorios; * defender en todo momento el derecho de la ciudadanía y las comunidades a un consentimiento libre, previo e informado y a la participación plena en la gobernanza de los recursos naturales; * construir sinergias entre los grupos de todos los sectores de la sociedad civil que luchan contra el acaparamiento de aguas y tierras para formar plataformas nacionales y regionales que fortalezcan una convergencia internacional de las luchas por la tierra y el agua; * reivindicar nuestras tierras, aguas y semillas; reivindicar los espacios políticos legítimos por los que hemos luchado en tanto que titulares de derechos, como el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA); y oponernos a la usurpación de nuestro lenguaje que persigue promover las falsas soluciones, como la “agricultura climáticamente inteligente”; * expresar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a las defensoras y los defensores de los derechos humanos y a aquellas personas que se oponen a los acaparamientos de tierras y aguas, especialmente cuando se ven criminalizadas; * oponernos a las políticas nacionales y los tratados internacionales que fomentan la privatización y la mercantilización de los recursos naturales, así como el acaparamiento de tierras y aguas, como los contadores de prepago para acceder al agua, el ajuste automático de las tarifas y los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) entre la UE y los países ACP, tanto con respecto a bienes como a servicios; * denunciar el sistema de clasificación del “clima empresarial” del Banco Mundial y los sistemas de compensaciones para la biodiversidad, que están únicamente concebidos para apoyar la especulación y promover el acaparamiento de tierras y aguas, en detrimento de los criterios de derechos humanos, sociales y ambientales. Instamos a las organizaciones gubernamentales internacionales, Estados y autoridades locales a: * reconocer la indivisibilidad de los derechos humanos y sus obligaciones internacionales para que estos se cumplan, en especial con respecto a los grupos vulnerables y marginalizados, las mujeres y las y los jóvenes. Deben aplicar de manera sistemática el enfoque de los derechos humanos, abstenerse de vulnerarlos, y evitar y perseguir los abusos de estos derechos. * poner en práctica políticas adecuadas de reforma agraria, reforma de propiedad de la tierra, restitución real y redistribución equitativa y gestión sostenible de la tierra, del agua y de otros recursos naturales; * adoptar políticas coherentes, incluido en materia de desarrollo, que promuevan el empoderamiento de las comunidades en lugar de los intereses económicos y geopolíticos; * respetar, proteger y hacer efectivo el derecho humano al agua y el saneamiento que fue reconocido y explicitado por la Resolución 69/2010 de la Asamblea General de la ONU, y adoptar las medidas normativas constitucionales y legislativas que garanticen a todas y todos la disponibilidad y la accesibilidad del agua y el saneamiento, así como la justiciabilidad efectiva del derecho humano al agua; * reconocer, respetar y proteger los derechos colectivos consuetudinarios que regulan el acceso, la seguridad y la gobernanza de la tierra y el agua, nuestros bienes comunes, garantizando a la vez los derechos de las mujeres; * cumplir estrictamente con sus obligaciones de no reconocer situaciones ilegales, incluidas especialmente las acciones prohibidas por parte de potencias ocupantes, y de no colaborar ni interactuar con cualquier parte que participe en situaciones ilegales o que saque provecho de ellas; * garantizar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y la plena participación cuando se toman decisiones sobre el manejo de la tierra, el agua y otros recursos naturales. Y no solo que se nos escuche, sino también que se aborden nuestras demandas, incluido nuestro derecho a decir “no” al acaparamiento de tierras y aguas; * aplicar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; * apoyar explícitamente el fomento de los derechos humanos, incluidos los derechos humanos al agua, la alimentación y la tierra, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda de la ONU para después de 2015; * aplicar las Directrices sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques del CSA/FAO, y las Directrices para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala de la FAO de forma inmediata y con nuestra plena participación como titulares de derechos; y promulgar leyes nacionales que garanticen que sus disposiciones con respecto a la protección de los derechos de las personas sean exigibles ante la justicia; * apoyar y adoptar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales que está desarrollando actualmente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU; * adoptar y aplicar un tratado vinculante para prevenir y sancionar los crímenes cometidos por compañías transnacionales y otras empresas comerciales; * adoptar las medidas y los instrumentos de derecho internacional pertinentes, especialmente en el marco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de las Naciones Unidas, con el fin de fortalecer de manera efectiva el derecho humano al agua y el saneamiento, y de aclarar y especificar su contenido y las obligaciones de los Estados, y de evitar toda forma de agua acaparamiento de aguas. Invitamos a las sociedades civiles, los movimientos sociales, las organizaciones de base, los sindicatos de trabajadoras y trabajadores, y las ONG de todo el mundo a participar en esta discusión, y a fortalecer esta declaración y apoyar sus reivindicaciones con todos los medios a su alcance. Solo solidarizando nuestras luchas, incluida la lucha por nuestros derechos a los recursos esenciales para la vida, podremos conseguir que se escuche la voz de la sociedad civil en las negociaciones para la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda de la ONU para después de 2015, en la aplicación de las directrices internacionales y regionales sobre la tierra y los recursos naturales, y en la COP 2015 para frenar el cambio climático. Mientras seguimos construyendo esta convergencia, reconocemos y apreciamos nuestra diversidad, y damos la bienvenida a las diversas iniciativas que están surgiendo y sobre las que seguiremos debatiendo y discutiendo. Para ello, nos comprometemos a dar una amplia difusión a esta declaración. La compartiremos con nuestras comunidades y la llevaremos a nuestros territorios con el fin de seguir implicándolos en el proceso de construcción de esta convergencia. Agua y tierra: ¡un mismo problema, una misma lucha! Túnez, 28 de marzo de 2015

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