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Violencia contra activistas de El Barzón, defensores del agua

El movimiento El Barzón exigió a las autoridades federal y de los estados de Chihuahua y Michoacán, el esclarecimiento de los crímenes perpetrados a sus compañeros Alberto Almeida Fernández y Rubén Magaña Reyes.

A través de una carta, demandaron a la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal una inmediata reunión para detener los atentados contra barzonistas en el país.

«Expresamos nuestra preocupación y rechazo por el clima de violencia y represión desatado contra líderes y dirigentes de El Barzón en los estados de Chihuahua, Michoacán y Coahuila; desde hace meses hemos expuesto ante las autoridades de la Secretaría de Gobernación la necesidad de tomar medidas para evitar la violencia, impedir los crímenes y esclarecer los asesinatos que miembros de nuestra organización han padecido en diversos lugares del país; sin embargo, ustedes se han negado a intervenir en la solución de conflictos sociales y ambientales que están generando mucha intranquilidad y violencia».

Señalan que la situación se agravó en Michoacán, el pasado jueves 19 de febrero fue levantado y desaparecido el dirigente de El Barzón y regidor en el municipio de Penjamillo Michoacán, Rubén Magaña Reyes, siendo localizado su cuerpo sin vida el pasado domingo 1 de marzo.

Dicha desaparición, indica El Barzón, se da luego del asesinato que hasta la fecha ha quedado impune del compañero Javier Sagrero dirigente ganadero y líder barzonista en el municipio de Quiroga, Michoacán; este asesinato ocurrido el día 19 de septiembre de 2013 fue denunciado ante las autoridades locales y Federales; sin embargo, al igual que en otros casos, los autores materiales e intelectuales gozan de la protección de funcionarios del gobierno que continúan sin ser sometidos a proceso penal.

De igual manera; el pasado 24 de febrero fue asesinado en Ciudad Juárez, Chihuahua, su compañero Alberto Almeida Fernández miembro de El Barzón, expresidente municipal de Villa Ahumada, Chihuahua (periodo 2001 al 2004) y destacado defensor del desierto de nuestro país; en los últimos años jugó un papel determinante en la defensa del agua y en la exigencia por evitar la explotación ilegal y corrupción que beneficia a grandes empresarios agrícolas y funcionarios gubernamentales.

El asesinato de Alberto Almeida ocurre luego del crimen de nuestros compañeros Ismael Solorio y Manuelita Solís hace poco más de un año «y sin que los responsables sean castigados a pesar de que las autoridades los tienen perfectamente identificados y ubicados», afirma; los asesinos andan sueltos y los autores intelectuales siguen gozando de la protección de autoridades y siguen abusando de la explotación y el uso ilegal del agua en aquella región del norte de nuestro país.

De igual manera y en forma reiterada, señalan, han expuesto a Gobernación las irregularidades y el peligro de violencia que puede desatarse por el conflicto que se presenta en el Módulo de riego XV ubicado en el ejido La Rosita, municipio de San Pedro de las Colonias, Coahuila; en este caso, la Comisión Nacional del Agua a nivel local y Federal se ha negado a aceptar la voluntad de la mayoría de los agricultores usuarios del agua para riego agrícola quienes han denunciado la corrupción sistemática en la administración del riego y en el privilegio de los grandes agricultores; la situación es de enorme tensión y lejos de intervenir para solucionar el conflicto, han detenido de manera ilegal al compañero Fernando Barraza Martínez a quien le han declarado auto de formal prisión imputándole delitos que sólo buscan reprimir un movimiento que lucha por la distribución equitativa del agua, la conservación de los acuíferos y la erradicación de los altos niveles de corrupción así como los abusos que desarrollan las autoridades.

Una vez más exigimos al Gobierno Federal el esclarecimiento del asesinato de nuestro compañero Alberto Almeida Fernández y el castigo a los responsables, rechazamos que éste crimen quede impune como en los casos de Ismael Solorio y Manuelita Solís, del mismo modo, venimos a exigir la presentación con vida del compañero Rubén Magaña y la libertad de Fernando Barraza Martínez.

Afirma El Barzón: «Todos estos conflictos que tienen que ver con el agua, han sido tratados en forma reiterada en esta Secretaría de Gobernación pero los funcionarios han hecho caso omiso y se han negado a intervenir para evitar la confrontación y este el motivo que las cosas han llevado a presentarse asesinatos, desapariciones y confrontaciones que sólo generarán mayores niveles de violencia».
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