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En más de 300 foros, congresos, talleres y reuniones realizados a lo largo del país durante estos siete años desde la reforma constitucional del 8 febrero 2012 exigiendo una Ley General de Aguas, han surgido 12 puntos de consenso entre pueblos originarios, investigadores, organizaciones sociales, núcleos agrarios, productores y empresarios comprometidos con sus cuencas:

  1. Garantizar la gestión pública del agua, sin fines de lucro, tanto para los sistemas de agua y saneamiento como para la operación de obras hidráulicas.
  2. Democratizar las decisiones sobre el agua y cuencas a través de consejos de cogestión gobierno-ciudadanía a nivel municipal, de cuenca y nacional, ampliamente representativos, a cargo de la elaboración y ejecución de planes rectores con el fin de lograr el acceso equitativo y sustentable, la soberanía alimentaria con sustentabilidad hídrica, así como el fortalecimiento de las cuencas frente al cambio climático.
  3. Respetar el derecho de los pueblos indígenas sobre las aguas en sus territorios, así como los derechos de los núcleos agrarios establecidos en decretos presidenciales, sin el artificio de las concesiones.
  4. No permitir la compra y venta de concesiones de aguas nacionales.
  5. Condicionar el acceso a aguas nacionales al cumplimiento con la normatividad, así como con planes para la eliminación progresiva de contaminantes y pago de derechos suficientes para cubrir el costo de la administración, la inspección y la sanción.
  6. Reducir progresivamente los volúmenes extraídos para usos no asociados con derechos humanos hasta restaurar las cuencas y flujos subterráneos.
  7. Reducir al máximo la energía consumida en la gestión del agua, y reemplazar tecnologías de generación de energía que impacten negativamente en el agua y las cuencas, con tecnologías de mínimo impacto, especialmente la solar y la eólica distribuidas.
  8. Requerir un Dictamen de Impacto Sociohídrico demostrando que un propuesto proyecto o actividad NO vulneraría el derecho humano o de los pueblos al agua como requisito para su autorización.
  9. No permitir la minería tóxica ni la fracturación hidráulica, por ser violatorias al derecho al agua de las generaciones actuales y futuras.
  10. Garantizar el pleno acceso en internet a la información sobre el agua y su gestión, especialmente en torno a: su calidad, autorizaciones que pudieran vulnerar derechos humanos o colectivos, resultados de visitas de inspección, así como el desempeño de concesionarios y de funcionarios.
  11. Lograr recursos públicos suficientes (0.7% PIB) para obras locales de agua y saneamiento y la gestión de cuencas, a través de políticas fiscales progresivas, la priorización presupuestal y mecanismos para asegurar su óptima aplicación.
  12. Contar con Controlarías Ciudadanas y Defensorías del Agua para poner fin a la corrupción y la impunidad.

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12 Consensos por el Agua

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